DÍAZ-CANEL, EL PRESIDENTE SINGAO QUE CUBA NO ELIGIÓ

Hay gobernantes que pasan a la historia por sus victorias, otros por sus derrotas y algunos por la dimensión de sus crímenes. Miguel Díaz-Canel corre el riesgo de ocupar un lugar mucho menos honorable: el del hombre que recibió una presidencia sin conseguir que una parte significativa de su pueblo lo reconociera como suyo.

En Cuba, donde durante décadas el poder político fue prácticamente inseparable del apellido Castro, la llegada de Díaz-Canel en abril de 2018 fue presentada como un relevo generacional. Una nueva cara, un nuevo estilo, una nueva época. La maquinaria propagandística insistía en la continuidad como si fuera una virtud suprema, cuando precisamente la continuidad era lo que muchos cubanos deseaban dejar atrás.

El sucesor no llegó mediante unas elecciones presidenciales libres y competitivas. Fue seleccionado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, dentro de un sistema de partido único que no permite la alternancia política entre organizaciones rivales. Su carrera había transcurrido por los escalones de la estructura comunista y su ascenso a la cúspide contó con el respaldo de Raúl Castro.

Aquello fue una sucesión institucional cuidadosamente organizada. Para quienes creemos que la legitimidad de un presidente debe proceder de la libre competencia electoral y de la posibilidad real de que los ciudadanos lo destituyan mediante el voto, fue también una transferencia del poder sin consulta democrática directa.

Díaz-Canel recibió el cargo. Lo que nunca recibió fue un mandato popular comprobable en las urnas

…y esa diferencia lo perseguirá mientras permanezca en el poder.

Raúl Castro dejó formalmente la presidencia en 2018, pero continuó al frente del Partido Comunista hasta abril de 2021. Díaz-Canel pasó a ocupar también la primera secretaría del partido, completando así el relevo institucional. Sin embargo, el peso político del antiguo mandatario, su ascendencia sobre las estructuras históricas y su influencia sobre las decisiones estratégicas no desaparecieron con la entrega de una oficina.

En mi opinión, el verdadero problema de Díaz-Canel es que nunca logró desprenderse de esa sombra. No ha conseguido proyectar la independencia de un dirigente que determina su propio destino político. Su figura aparece vinculada, inevitablemente, al hombre que lo impulsó. Y cuando un presidente necesita constantemente la legitimidad de su antecesor, termina pareciéndose menos a un jefe de Estado que a un administrador de una herencia.

Esa es la esencia de la caricatura que acompaña este artículo: Raúl Castro como titiritero y Díaz-Canel como un títere de mano. No debe confundirse la metáfora con una descripción literal de cada decisión del Gobierno. Su significado es político: el relevo de nombres no supuso una ruptura con el sistema que los Castro construyeron. Los presidentes verdaderamente seguros de su legitimidad no necesitan demostrar a diario que son continuadores de otro hombre. Necesitan demostrar que representan a su pueblo; pero Díaz-Canel descubrió algo que ninguna escenografía oficial puede disimular: una cosa es gobernar desde el Palacio de la Revolución y otra muy diferente es conquistar el respeto de una nación.

Su mandato ha estado marcado por escasez de alimentos y medicamentos, apagones, deterioro de los servicios públicos, inflación, emigración y una profunda pérdida de confianza en las instituciones. No sería serio atribuirle personalmente cada problema acumulado durante más de seis décadas de gobierno comunista. Muchos lo precedían ampliamente. Tampoco puede ignorarse el efecto de las sanciones estadounidenses sobre la economía cubana. Sin embargo, quien acepta la presidencia también acepta la responsabilidad de administrar la crisis, reconocer los errores propios y responder ante los ciudadanos.

Lo inadmisible es reclamar toda la autoridad del poder mientras se pretende eludir toda responsabilidad por sus resultados. Entonces llegó el 11 de julio de 2021. Las calles cubanas fueron escenario de protestas multitudinarias en diferentes ciudades. Miles de personas reclamaron libertad, mejores condiciones de vida y el fin de la represión. Las consignas oficiales, repetidas durante generaciones, fueron desplazadas por gritos que el poder no había autorizado.

La respuesta del Gobierno constituyó uno de los episodios más reveladores de la presidencia de Díaz-Canel. En lugar de reconocer que una parte considerable de la sociedad había perdido el miedo a expresar públicamente su descontento, el mandatario convocó a los partidarios de la revolución a enfrentar las manifestaciones en las calles. Su llamamiento quedó asociado a la confrontación política de aquellos días.

Aquello no fue simplemente una mala decisión comunicativa. Para mí, representó una demostración de la naturaleza del poder que ejercía: frente al ciudadano que protesta, la prioridad del Estado no era escuchar, sino defender el sistema.

Las detenciones, las condenas y las denuncias posteriores de malos tratos y restricciones de derechos fueron documentadas por organizaciones internacionales. Human Rights Watch examinó la represión contra manifestantes, mientras que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas expresó preocupación por denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y malos tratos.

Es importante precisar que esas observaciones proceden de mecanismos internacionales de derechos humanos y no constituyen una sentencia judicial personal contra Díaz-Canel. Pero tampoco pueden ser descartadas como si fueran simples rumores inventados por sus adversarios. El gobernante que se presenta ante el mundo como representante de una revolución supuestamente popular terminó presidiendo un Estado cuestionado internacionalmente por su respuesta a ciudadanos que reclamaban libertades. Y allí nació —o, más exactamente, terminó de consolidarse— una de las manifestaciones más singulares de desprecio hacia un mandatario cubano. «Díaz-Canel singao».

La expresión, inequívocamente cubana y profundamente ofensiva, trascendió las conversaciones privadas para aparecer en consignas de protesta, canciones, grafitis y redes sociales. Se convirtió en un símbolo de irreverencia política. No es necesario compartir el insulto para comprender su significado.

En una sociedad donde el lenguaje oficial había convertido durante décadas a sus dirigentes en figuras casi intocables, el pueblo encontró una fórmula brutal para reducir al mandatario a la condición de hombre común, sujeto al juicio y al desprecio de sus gobernados. El sobrenombre circuló también entre comunidades del exilio, que lo difundieron internacionalmente. Su alcance demuestra la fuerza simbólica de la consigna, aunque no permita afirmar científicamente que todos los cubanos, o siquiera una mayoría mensurable, compartan ese sentimiento.

No existen sondeos públicos, independientes y plenamente verificables que permitan establecer quién ha sido el presidente más odiado de la historia cubana, pero hay algo que sí puede afirmarse: pocos gobernantes cubanos de la etapa revolucionaria han visto su nombre convertido en una expresión de rechazo tan reconocible dentro y fuera de la isla.

Fidel Castro despertó adhesiones apasionadas y odios igualmente intensos. Raúl Castro heredó una estructura de poder y una autoridad histórica entre los sectores identificados con la revolución. Díaz-Canel, en cambio, recibió un sistema agotado, sin el capital simbólico de quienes lo fundaron y sin una legitimidad democrática capaz de compensar esa carencia. No fue el comandante de una guerrilla triunfante. No fue el arquitecto de una transformación histórica. No fue el dirigente elegido libremente para cambiar el rumbo del país. Fue el funcionario seleccionado para garantizar que nada esencial cambiara. Y quizá esa sea la tragedia política de su presidencia: se le exige sostener un edificio que se derrumba, pero no parece dispuesto a cuestionar los cimientos que explican buena parte de su deterioro.

Los acontecimientos diplomáticos de 2026 añadieron otra dimensión a esa imagen. Durante los contactos entre representantes de Cuba y Estados Unidos, informaciones periodísticas señalaron la participación de personas estrechamente vinculadas al círculo de Raúl Castro, entre ellas su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Según esos reportes, Washington consideraba que el entorno del antiguo mandatario conservaba una influencia determinante sobre las decisiones cubanas.

Díaz-Canel reconoció públicamente que existían conversaciones entre ambos gobiernos. Por eso sería incorrecto afirmar que nunca ha intervenido en la política hacia Estados Unidos o que jamás ha tenido conocimiento de esas negociaciones. La cuestión verdaderamente interesante es otra.

¿Por qué, después de tantos años de presidencia y de ocupar la primera secretaría del Partido Comunista, continúa apareciendo el entorno de Raúl Castro como interlocutor relevante en decisiones que deberían corresponder a las autoridades actuales?

La respuesta no puede establecerse mediante especulaciones sobre reuniones privadas. Pero sí abre una pregunta legítima sobre la autonomía política real del mandatario cubano.

¿Cuánto poder pertenece al presidente y cuánto permanece dentro de la estructura histórica que lo colocó allí?

La imagen del títere vuelve entonces a adquirir sentido. No porque debamos aceptar sin pruebas que Raúl Castro dicta cada palabra pronunciada por Díaz-Canel, sino porque la continuidad del régimen parece pesar más que cualquier proyecto personal del supuesto sucesor.

En el escenario internacional, Cuba continúa recibiendo críticas por las restricciones a las libertades civiles, la detención de opositores y el tratamiento de la protesta. Naciones Unidas no ha declarado que Díaz-Canel sea el mandatario más despreciado del planeta, como tampoco existe una votación mundial capaz de establecer semejante clasificación. Lo que sí existe es un historial documentado de preocupaciones sobre derechos humanos que contradice la imagen idílica presentada por la propaganda estatal. Y mientras tanto, dentro de Cuba, la vida cotidiana sigue imponiendo su propio veredicto.

Un apagón no desaparece porque el presidente pronuncie un discurso. Una madre no consigue alimentos porque se invoque la resistencia. Un joven no abandona sus planes de emigrar porque se le explique que el sacrificio constituye una obligación patriótica.

Los problemas sociales no se resuelven mediante consignas. La pobreza tampoco se vuelve digna por llamarla heroísmo.

La mayor derrota política de Díaz-Canel quizá no sea el insulto que lo persigue, ni siquiera la incómoda comparación con sus antecesores. Su derrota consiste en que la presidencia, lejos de representar para muchos cubanos la posibilidad de un cambio, se ha convertido en el símbolo de la continuidad de aquello que desean superar.

Hay algo profundamente revelador en un sistema que presume hablar en nombre del pueblo, pero no permite que diferentes proyectos políticos compitan libremente por su confianza. Si Díaz-Canel considera que posee el respaldo mayoritario de la nación, la forma más convincente de demostrarlo no sería multiplicar los actos oficiales ni exhibir votaciones de una Asamblea surgida bajo las restricciones del sistema de partido único. Sería aceptar una competencia electoral verdaderamente plural, con libertad de prensa, partidos independientes, observación imparcial y garantías para quienes deseen sustituirlo. Solo entonces podría conocerse el alcance real de su popularidad.

Hasta ese día, cualquier afirmación oficial de respaldo abrumador seguirá enfrentándose a una pregunta elemental: ¿cómo puede medirse la confianza política donde no existe la posibilidad de elegir libremente una alternativa?

Miguel Díaz-Canel será recordado por haber sido el primer gobernante ajeno a la familia Castro en encabezar formalmente el Estado cubano después de seis décadas de dominio de esa dinastía política, pero ocupar ese lugar histórico no garantiza dejar una huella honorable. La historia no juzga únicamente cómo llegaron los hombres al poder. También examina qué hicieron con él, qué libertades respetaron, qué sufrimientos evitaron y qué destino ofrecieron a quienes gobernaban. Díaz-Canel recibió una presidencia preparada por otros, una ideología redactada por otros y un sistema que le exigía obediencia a su propia continuidad. Pudo haber intentado convertirse en el hombre que comenzara a desmontar las barreras entre el poder y la nación. En cambio, eligió presentarse como garante de la permanencia de ese mismo orden.

Por eso, cuando algún día termine su mandato, el balance no dependerá solamente de los informes oficiales ni de los homenajes que pueda organizarle el partido. Dependerá también de una realidad mucho menos complaciente: la memoria de los cubanos que vivieron bajo su gobierno.

Y esa memoria recordará los apagones, las protestas, los presos, las despedidas en los aeropuertos, las familias separadas y los innumerables discursos de un presidente que prometía continuidad cuando su pueblo necesitaba futuro.

Raúl Castro le entregó la presidencia. Pero la legitimidad que nace de la libertad de elegir nunca pudo entregársela. Y ningún titiritero, por poderoso que sea, puede fabricar ese consentimiento desde las sombras.