CUBA: EL PAÍS DEL QUE TODOS QUIEREN IRSE

Entre el año 2020 y mediados de 2026, la isla de Cuba ha experimentado la mayor sangría demográfica en la historia del continente americano en tiempos de paz. Según estimaciones del Council on Foreign Relations (CFR) sustentadas en datos censales, registros migratorios internacionales e investigaciones independientes, entre 1,6 y 2,75 millones de cubanos han abandonado el país en los últimos seis años. El rango no es caprichoso: el extremo inferior responde a las frías admisiones del propio régimen y a las entradas contabilizadas en fronteras extranjeras; el extremo superior calcula la fuga invisible a través de múltiples escalas migratorias. En términos proporcionales, Cuba ha perdido entre un 13% y hasta un 25% de su población total en un abrir y cerrar de ojos.

No se trata de una fluctuación migratoria ordinaria ni del previsible movimiento de trabajadores en busca de oportunidades en el extranjero. Es un vaciamiento sistémico. Tras más de seis décadas de monopolio político, planificación estatal centralizada y férrea represión de cualquier conato democrático, el proyecto inaugurado en 1959 por Fidel Castro y preservado por sus sucesores ha conducido a un dilema existencial definitivo. Para millones de ciudadanos, la solución a los males del autoritarismo ya no pasa por la confrontación política dentro de las fronteras nacionales, sino por la evasión física de un territorio que ha dejado de ofrecer un futuro viable.

Cuba se está quedando sin cubanos

Las cifras sobre el terreno estremecen a demógrafos e historiadores por igual. Los datos emitidos con retraso por la propia Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) revelan un desmoronamiento de los indicadores vitales que el aparato oficial ya no puede disimular bajo la retórica habitual. En un país cuya población rondaba teóricamente los 11 millones de habitantes, la salida combinada de jóvenes en edad productiva, profesionales técnicos y familias enteras permite proyectar a analistas independientes que la cifra real de residentes permanentes podría haber caído por debajo de los 9 millones.

Esta contracción no ocurre en medio de una conflagración bélica ni tras un desastre natural de proporciones apocalípticas. Sucede bajo la paz formal impuesta por un sistema de partido único. El impacto de estas cifras borra de un plumazo la idea de la «resistencia colectiva» proyectada por la propaganda oficial. Las calles de La Habana, Holguín, Santiago o Camagüey no muestran la vitalidad de una sociedad en transformación, sino la quietud melancólica de ciudades habitadas por ancianos que esperan las remesas enviadas desde el exterior para subsistir.

El éxodo que supera a los anteriores

Para comprender la magnitud del fenómeno actual es imprescindible contrastarlo con los grandes hitos migratorios que marcaron la historia cubana tras la llegada del comunismo al poder. La primera gran ola, iniciada en 1959 y prolongada con los «Vuelos de la Libertad» (Freedom Flights) entre 1965 y 1973, supuso la salida de unos 500.000 cubanos, mayoritariamente pertenecientes a las clases medias, profesionales y sectores empresariales desposeídos por las expropiaciones masivas.

En 1980, el dramático episodio del Puerto de Mariel derivó en la partida de 125.000 personas en cuestión de meses, un acontecimiento que conmocionó a la opinión pública internacional y expuso por primera vez de manera masiva el descontento de las clases populares nacidas o criadas bajo el propio sistema. Posteriormente, en el verano de 1994, la «Crisis de los Balseros», desencadenada en pleno Período Especial tras el colapso del bloque soviético, lanzó al Mar Caribe a más de 35.000 ciudadanos desesperados por la hambruna y los apagones.

Ninguno de esos episodios históricos, ni siquiera sumados en su conjunto, se aproxima a la escala del ciclo migratorio iniciado en 2021. Lo que en las crisis del pasado fueron episodios acotados en el tiempo —articulados en gran medida por válvulas de escape abiertas estratégicamente por el propio régimen para descomprimir la tensión interna— hoy se ha transformado en un flujo constante, ininterrumpido y transversal que afecta a todos los estratos sociales, regiones geográficas y grupos de edad.

Del 11J a la puerta de salida

El punto de inflexión político y psicológico de esta catástrofe se sitúa el 11 de julio de 2021. Aquel día, decenas de miles de cubanos se echaron a las calles de más de cincuenta ciudades y pueblos al grito de «Patria y Vida», «Libertad» y «Tenemos hambre». Fue la mayor manifestación espontánea de protesta en contra de la dictadura en más de seis décadas. La respuesta del aparato estatal fue implacable: encarcelamientos masivos, juicios sumarísimos sin garantías procesales y penas de prisión de hasta dos décadas para cientos de manifestantes, incluidos menores de edad, según denunciaron organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

La represión feroz que siguió al 11J envió un mensaje devastador a la sociedad civil: el margen para la reforma interna o la disidencia cívica pacífica dentro de la legalidad impuesta era nulo. La desesperanza política se combinó de inmediato con el colapso definitivo de la infraestructura económica de la isla. La errada unificación monetaria («Tarea Ordenamiento») implementada por el régimen en enero de 2021 desató una hiperinflación descontrolada que pulverizó el poder adquisitivo de los salarios estatales y los ahorros en moneda nacional.

A partir de ese momento, la búsqueda de una salida del país dejó de ser un proyecto individual o una aspiración de sectores disidentes para convertirse en la principal prioridad de supervivencia de la mayoría de las familias cubanas. Cuando el gobierno de Nicaragua —aliado político de La Habana— eliminó el requisito de visado para los ciudadanos cubanos en noviembre de 2021, se abrió la mayor ruta de escape terrestre de la historia del Caribe, canalizando a cientos de miles de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos.

Un país que envejece mientras sus jóvenes se marchan

El aspecto más trágico del vaciamiento cubano es su impacto demográfico a largo plazo. Cuba ostenta hoy el perfil demográfico más envejecido de toda América Latina, aproximándose a los patrones de algunas naciones de Europa del Este, pero sin la riqueza ni la infraestructura de seguridad social de aquellas. De acuerdo con informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y proyecciones de las Naciones Unidas, más del 22% de la población cubana supera actualmente los 60 años de edad, una cifra que superará el 30% antes de finalizar la década.

Este envejecimiento acelerado no se debe a un desarrollo socioeconómico avanzado que reduzca la mortalidad, sino a la combinación letal de dos factores: un desplome histórico de las tasas de natalidad y la huida masiva de la población en edad fértil y laboral. Las parejas jóvenes posponen o renuncian definitivamente a la maternidad ante la falta de vivienda, la escasez de alimentos básicos, la incertidumbre económica y la ausencia total de un horizonte de prosperidad.

El resultado es un país asimétrico e inviable. Las instituciones estatales de seguridad social, quebradas por la devaluación y la incompetencia administrativa, pagan pensiones miserables que no cubren el costo de la canasta básica de alimentos para una semana. Quienes deberían sostener el sistema contributivo y productivo —los trabajadores entre 18 y 40 años— están vendiendo sus escasas propiedades para financiar el billete de avión que los aleje definitivamente de la isla.

Médicos que se van, campos sin trabajadores

Las consecuencias operativas de esta deserción masiva se aprecian en todos los ámbitos esenciales de la vida cotidiana. Durante décadas, el régimen de La Habana utilizó el sistema de salud pública como su principal herramienta de propaganda internacional y como su mayor fuente de divisas mediante la exportación de misiones médicas contratadas en condiciones de semi-esclavitud laboral. Hoy, la medicina dentro de Cuba se halla en estado de ruina.

Hospitales emblemáticos carecen de insumos elementales como jeringuillas, analgésicos, hilos de sutura o reactivos para análisis de laboratorio. Pero el problema más grave es la falta de personal calificado. Miles de médicos, enfermeros, cirujanos y especialistas han abandonado el sistema público, bien para emigrar a través de terceros países, bien para dedicarse al sector informal o al turismo dentro de la isla. La escasez de profesionales de la medicina ha provocado la parálisis de salas enteras de urgencia y el aplazamiento indefinido de cirugías complejas.

El panorama en el campo es igualmente desolador. La agricultura cubana, asfixiada por el monopolio estatal de Acopio —que fija precios arbitrarios y controla burocráticamente la distribución— y desprovista de fertilizantes, maquinaria y combustible, enfrenta además una absoluta falta de mano de obra. La juventud rural no quiere permanecer en campos donde el trabajo no garantiza el sustento familiar. Como consecuencia directa, la producción nacional de alimentos se encuentra en mínimos históricos, obligando a un Estado sin divisas a importar productos tan elementales como el azúcar, el arroz o la leche para la cartilla de racionamiento.

El régimen también exportó su crisis

Desde una perspectiva de análisis político, resulta innegable que la emigración masiva ha funcionado históricamente como una conveniente válvula de escape para la dictadura castrista. Durante décadas, cada vez que la tensión social y las carencias económicas amenazaban con derivar en estallidos populares, el régimen abría las fronteras o flexibilizaba las restricciones de salida para permitir que los sectores más descontentos y enérgicos abandonaran el territorio nacional.

Esta estrategia maquiavélica permitía al gobierno conseguir tres objetivos simultáneos: neutralizar el surgimiento de liderazgos opositores internos, deshacerse de bocas que alimentar en momentos de escasez severa y convertir a los propios exiliados en emisores de divisas a través de las remesas familiares y los cobros abusivos por trámites consulares y pasaportes.

Sin embargo, el ciclo actual parece haber roto ese perverso equilibrio. La escala de la sangría migratoria es tan desproporcionada que ha comenzado a destruir la propia base funcional sobre la que se sostiene la administración pública del Estado. Al exportar de manera masiva a sus ingenieros, maestros, técnicos eléctricos, administradores y trabajadores cualificados, el régimen no solo ha expulsado a la disidencia, sino que ha desmantelado la capacidad mínima necesaria para mantener operativas las centrales termoeléctricas, el suministro de agua potable, el transporte público y el propio aparato burocrático del país.

Estados Unidos no explica 67 años

En el plano del debate internacional, la propaganda oficial y sus voceros justifican invariablemente la catástrofe económica y el subsiguiente flujo migratorio atribuyendo la responsabilidad exclusiva al «bloqueo» estadounidense y a las sanciones comerciales de Washington. Sería intelectualmente deshonesto ignorar que las medidas coercitivas estadounidenses, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo o las vicisitudes de la pandemia de COVID-19 y la pérdida del subsidio petrolero venezolano han añadido una presión considerable a la economía de la isla.

Sin embargo, el argumento del embargo exterior resulta manifiestamente insuficiente para justificar seis décadas y media de ruina sistémica. Las sanciones estadounidenses no explican por qué el régimen cubano prohíbe a sus propios ciudadanos pescar libremente en las costas del país, ni por qué persigue como delito el comercio privado de productos agrícolas entre provincias. Tampoco explican por qué la dictadura invierte sumas multimillonarias en la construcción de hoteles de lujo que permanecen semivacíos mientras los hospitales públicos se caen a pedazos por falta de mantenimiento.

El verdadero «bloqueo» que ahoga a la sociedad cubana es el bloqueo interno: la ausencia de propiedad privada garantizada, la prohibición del ejercicio de libertades políticas fundamentales, la criminalización del éxito económico individual y la persistencia dogmática en un modelo de planificación central que ha fracasado en cada una de las geografías donde se ha intentado aplicar a lo largo de la historia.

La Cuba que quede

¿Qué le sucede a una nación cuando pierde aceleradamente a sus mejores mentes, a sus profesionales más capacitados y a sus generaciones más jóvenes? La respuesta no se mide únicamente en términos de producto interior bruto o de índices estadísticos; se mide en la erosión moral y afectiva del tejido social.

Cuba se encamina hacia una configuración aterradora: la de una isla convertida en un parque geriátrico custodiado por un aparato de seguridad represivo, cuyos habitantes supervivientes dependen absolutamente de la caridad y la asistencia financiera que sus familiares les envían desde la diáspora en Miami, Madrid, Toronto o Ciudad de México. El proyecto que prometió en 1959 construir un «hombre nuevo» y erigirse en faro de soberanía para el Tercer Mundo ha culminado en la dependencia humillante del envío de paquetes de comida y medicinas desde el extranjero.

La verdadera tragedia que se cierne sobre la isla trasciende la abrumadora cifra de millones de expulsados. Lo más devastador es el vacío ético y la pérdida de fe en la propia patria. La pregunta que hoy sobrecoge a historiadores y analistas ya no es simplemente cuántos cubanos más lograrán cruzar el mar o la frontera en los próximos meses. La pregunta definitiva, amarga y desgarradora es cuántos de los que ya se han marchado estarían dispuestos a regresar para reconstruir el país, incluso si mañana mismo desapareciera el régimen que los condenó al destierro.