El primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró este martes 10 de noviembre que su gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre levantar la moratoria que impide nuevas actividades de exploración petrolera y gasífera mar adentro en el Ártico canadiense. La aclaración llega después de informaciones periodísticas que apuntaban a una posible revisión de esa prohibición, una de las decisiones ambientales más significativas adoptadas por Ottawa en la última década.
El debate enfrenta dos prioridades que Canadá intenta conciliar: proteger un ecosistema especialmente vulnerable y ampliar sus oportunidades energéticas en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos. Carney insistió en que una partida incluida en el presupuesto federal no debe interpretarse como una señal de apertura inmediata a las perforaciones.
UNA MORATORIA QUE VIENE DE 2016
La restricción se remonta a 2016, cuando el entonces primer ministro Justin Trudeau y el presidente estadounidense Barack Obama anunciaron medidas coordinadas para limitar nuevas actividades de petróleo y gas en aguas árticas. El objetivo era reducir los riesgos de accidentes en una región donde el hielo, las distancias y las condiciones meteorológicas complican extraordinariamente cualquier operación de emergencia.
La moratoria canadiense está sujeta a revisiones periódicas y su horizonte actual se extiende hasta 2028. Eso no significa que el levantamiento sea automático al llegar esa fecha: cualquier cambio requeriría decisiones políticas y regulatorias adicionales. La distinción importa porque una discusión sobre el futuro de la medida no equivale a una autorización para comenzar a perforar.
EL DINERO QUE DESATÓ LAS PREGUNTAS
Una asignación de 11 millones de dólares canadienses durante cuatro años, incluida en el presupuesto federal, alimentó las especulaciones sobre un posible cambio de rumbo. Carney explicó que esos recursos están destinados a fortalecer la capacidad de liderazgo inuit en la gestión conjunta de los recursos del norte, y no a preparar el fin de la prohibición.
El primer ministro respondió así a las preguntas surgidas después de que Toronto Star informara que el Ejecutivo estudiaba la posibilidad de levantar la moratoria. La existencia de conversaciones o evaluaciones gubernamentales no demuestra que se haya adoptado una resolución definitiva. Por ahora, la posición pública de Ottawa es que la decisión sigue abierta.
LAS COMUNIDADES DEL NORTE NO PIENSAN TODAS IGUAL
El debate tampoco puede reducirse a una confrontación entre empresas petroleras y ambientalistas. Para parte de la población del norte, el desarrollo de recursos naturales representa una posibilidad de empleo, ingresos fiscales e independencia económica. Entre quienes han expresado apoyo a explorar esa vía figura John Main, primer ministro de Nunavut.
Sin embargo, cualquier iniciativa tendría consecuencias directas para las comunidades inuit, cuyos medios de vida y prácticas culturales mantienen una relación estrecha con el mar. Un acuerdo alcanzado en 2023 amplió la participación de los habitantes del norte en las decisiones sobre recursos y abrió espacio a futuros mecanismos de gestión y reparto de beneficios.
El principio de participación local es esencial: las comunidades que asumirían los riesgos ambientales también deben intervenir en la definición de las condiciones, los beneficios y los límites de cualquier proyecto. Ni el respaldo de algunos dirigentes ni las preocupaciones de otros permiten hablar de una posición única de todo el Ártico canadiense.
UN ENTORNO DONDE UN DERRAME SERÍA DIFÍCIL DE CONTENER
Las aguas árticas albergan peces, aves migratorias, mamíferos marinos y osos polares. La distancia respecto de los grandes centros de respuesta y la presencia estacional de hielo pueden complicar la detección y limpieza de un derrame de hidrocarburos. Por eso, los defensores de mantener la moratoria consideran que el costo potencial de un accidente debe pesar tanto como las ganancias económicas proyectadas.
Quienes favorecen estudiar la exploración argumentan, por su parte, que las tecnologías y los marcos de supervisión pueden evolucionar, y que Canadá necesita diversificar sus fuentes de crecimiento. Pero esa posibilidad exige evaluaciones concretas: no basta con afirmar que la extracción sería segura sin demostrar cómo se controlaría una emergencia en condiciones extremas.
LA PRESIÓN ECONÓMICA Y LA DECISIÓN PENDIENTE
Canadá busca reforzar su capacidad exportadora y reducir vulnerabilidades frente a los aranceles estadounidenses. En ese contexto, el potencial energético del norte vuelve a adquirir relevancia estratégica. Sin embargo, la existencia de recursos bajo el lecho marino no convierte su explotación en un proyecto viable de manera inmediata: harían falta infraestructura, financiación, permisos y acuerdos con las comunidades involucradas.
La noticia de este 10 de noviembre no es, por tanto, el anuncio de nuevas perforaciones. Es la confirmación de que el gobierno todavía no ha decidido si modificará una prohibición vigente desde 2016. El verdadero punto de inflexión llegará cuando Ottawa presente una propuesta formal, con sus fundamentos ambientales, económicos y jurídicos.
En una región donde los cambios climáticos ya están transformando el paisaje y las rutas marítimas, la cuestión trasciende la industria petrolera. Canadá tendrá que definir qué entiende por desarrollo del norte y quién participa en esa definición. Por ahora, la moratoria continúa siendo el marco de referencia.
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