Canadá quiere que una parte mayor de su riqueza energética encuentre compradores al otro lado del Pacífico. Este viernes 13 de noviembre, el ministro de Energía y Recursos Naturales, Tim Hodgson, anunció una inversión federal de 200 millones de dólares canadienses en Woodfibre LNG, una instalación de gas natural licuado en construcción cerca de Squamish, en Columbia Británica. La decisión abre una nueva etapa en el debate sobre la relación entre exportaciones, seguridad energética y compromisos ambientales.
EL PACÍFICO COMO ALTERNATIVA
La geografía económica canadiense ha estado marcada por la proximidad de Estados Unidos. Para una empresa exportadora, contar con un cliente vecino y una infraestructura terrestre consolidada puede reducir costos, pero también concentra el riesgo comercial. Una terminal marítima ofrece una alternativa: permite negociar con compradores que no están conectados físicamente a la red continental de gasoductos.
El gas natural licuado, conocido internacionalmente como LNG, se obtiene enfriando el combustible hasta convertirlo en líquido. Esa transformación reduce considerablemente su volumen y facilita el transporte en buques especializados. En el destino, el producto debe volver a su estado gaseoso antes de incorporarse a las redes de distribución. Cada etapa requiere instalaciones, energía y contratos que justifiquen una inversión de largo plazo.
El anuncio de Ottawa apunta a ampliar la capacidad de Woodfibre, originalmente prevista en 2,1 millones de toneladas anuales, hasta un objetivo de entre 2,5 y 2,6 millones. No significa que ese volumen adicional ya esté disponible: depende de la ejecución de las mejoras y de la entrada en funcionamiento de la planta, prevista para finales de 2027.
LA FACTURA AMBIENTAL
Uno de los elementos que distingue al proyecto es el uso de electricidad hidroeléctrica para procesos industriales que, en otras instalaciones, pueden depender de la combustión de gas. El Gobierno presenta esa característica como una ventaja competitiva. Sin embargo, reducir las emisiones de una terminal no equivale a eliminar la huella climática de todo el combustible que sale de ella.
La extracción, el transporte previo a la licuefacción, la navegación y el consumo final también generan emisiones. Además, las fugas de metano pueden modificar sustancialmente el balance ambiental. Para evaluar si una exportación reduce emisiones globales es necesario saber qué fuente de energía sustituye en el país comprador, y no únicamente cuánta electricidad utiliza la planta canadiense.
Woodfibre aspira a compensar las emisiones residuales de sus propias operaciones mediante créditos de carbono. Esa estrategia exige distinguir entre una reducción física de emisiones y una compensación contabilizada fuera de la instalación. La credibilidad del resultado dependerá, entre otros factores, de la calidad de esos créditos y de la transparencia con que se publiquen las mediciones.
EL PAPEL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
La relación con la nación Squamish constituye otro aspecto central. El proyecto cuenta con un proceso de evaluación ambiental dirigido por esa comunidad indígena, que estableció 25 condiciones jurídicamente vinculantes. Su participación no se limita, por tanto, a una consulta inicial: incluye funciones de supervisión durante el desarrollo del proyecto.
Este modelo plantea una cuestión importante para futuras inversiones en Canadá. La rapidez con que se construye una infraestructura no debería ser el único criterio para juzgarla. También importan la capacidad de las comunidades afectadas para intervenir en las decisiones, el cumplimiento de las condiciones ambientales y la distribución efectiva de los beneficios económicos.
LO QUE QUEDA POR DEMOSTRAR
La inversión pública puede ayudar a superar obstáculos técnicos y financieros, pero no garantiza por sí sola que una terminal resulte competitiva durante décadas. Los precios internacionales del gas, los costos de transporte, las condiciones de financiación y la evolución de la demanda asiática serán determinantes. También será necesario comprobar si la ampliación anunciada se materializa dentro de los plazos previstos.
Para Canadá, la prueba de esta política energética no estará solamente en inaugurar una nueva instalación. Estará en demostrar que la diversificación comercial genera beneficios duraderos, que los compromisos con las comunidades se cumplen y que las ventajas ambientales anunciadas pueden verificarse con datos. El Pacífico ofrece una salida comercial adicional; convertirla en una estrategia sostenible será una tarea mucho más exigente.
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