Un juez federal rechazó el intento del Departamento de Justicia de Estados Unidos de obligar a California a separar y dejar sin contar, por ahora, las papeletas vinculadas a más de 20.000 votantes que la administración de Donald Trump considera posibles no ciudadanos. La decisión llega a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y abre un nuevo frente judicial sobre quién controla las reglas electorales en Estados Unidos.
Una petición de última hora
El Departamento de Justicia había demandado a California después de que agencias federales elaboraran una lista de más de 20.000 personas registradas para votar que, según el Gobierno, podrían no ser ciudadanos estadounidenses. La administración pidió que cualquier voto por correo asociado con esos nombres fuera apartado hasta que pudiera comprobarse la ciudadanía del elector.
La posición federal parte de un principio indiscutible: los no ciudadanos no pueden votar en elecciones federales. La disputa, sin embargo, gira alrededor de algo diferente y mucho más delicado: si la lista elaborada por las autoridades federales identifica correctamente a personas inelegibles y si un tribunal puede alterar el procedimiento de recuento cuando la elección ya está en marcha.
El juez rechaza la intervención
El juez federal David O. Carter negó la solicitud de emergencia. En su resolución sostuvo que una intervención de esa magnitud en plena elección podría provocar caos, afectar a ciudadanos con derecho al voto y alterar procedimientos que tradicionalmente corresponden a los estados.
Carter advirtió que más de 20.000 californianos registrados podían perder potencialmente su derecho al voto si se aceptaba una medida basada en acusaciones todavía no demostradas individualmente. También señaló que existen mecanismos para investigar y procesar después de la elección a cualquier persona que haya votado ilegalmente.
California cuestiona la lista
Las autoridades electorales de California han puesto en duda la precisión de los datos utilizados por el Gobierno federal. Funcionarios estatales y locales sostienen que parte de los nombres señalados corresponden a personas que sí son ciudadanos, a registros ya cancelados o incluso a personas que no han votado.
El Departamento de Justicia, por su parte, afirma que la lista fue contrastada con información federal de inmigración, pasaportes y otros registros y sostiene que impedir el voto de personas no elegibles es indispensable para proteger la integridad electoral. La agencia ha anunciado que apelará la decisión.
Una batalla que va mucho más allá de California
El conflicto forma parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump para revisar registros electorales y reforzar los controles sobre posibles votantes no ciudadanos. Washington también ha cuestionado procedimientos electorales en otros estados, mientras organizaciones de derechos electorales advierten que los cruces masivos de bases de datos pueden identificar erróneamente a ciudadanos naturalizados.
La cuestión es especialmente sensible porque Estados Unidos se encuentra a días de unas elecciones legislativas capaces de modificar el equilibrio de poder en el Congreso. California concentra millones de votantes y varias contiendas competitivas, por lo que cualquier disputa sobre decenas de miles de papeletas adquiere inmediatamente dimensión nacional.
La disputa no ha terminado
La decisión de Carter no determina que las más de 20.000 personas señaladas sean ciudadanas ni establece que todas tengan derecho a votar. Lo que hace es impedir, por ahora, que sus posibles papeletas sean apartadas en bloque antes de que las autoridades demuestren individualmente que los electores son inelegibles.
El Gobierno federal puede continuar investigando casos concretos y recurrir la resolución. Con la votación ya en marcha y el 3 de noviembre cada vez más cerca, la batalla pasa ahora a los tribunales de apelación. Lo que comenzó como una discusión sobre una lista de nombres se ha convertido en una disputa constitucional sobre los límites del poder federal, la autoridad de los estados y la protección del voto en una elección nacional.
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