Canadá ha colocado sobre la mesa uno de los cambios más profundos desde que legalizó la asistencia médica para morir. El Gobierno federal presentó el proyecto de ley C-41, que permitiría bajo condiciones estrictas que determinadas personas formulen una solicitud anticipada de asistencia médica para morir antes de perder la capacidad de tomar esa decisión.
La propuesta no convierte esas solicitudes en un derecho automático ni entra en vigor de inmediato. Debe superar el proceso parlamentario y, además, su aplicación dependería de que la provincia o territorio correspondiente adopte legislación que permita administrar las solicitudes anticipadas.
Un cambio decisivo en el consentimiento
La legislación canadiense exige actualmente, como regla general, que una persona pueda prestar consentimiento informado cuando solicita la asistencia médica para morir y nuevamente antes de recibirla, aunque existen excepciones limitadas para quienes ya fueron evaluados y aprobados y corren riesgo de perder capacidad antes de la fecha prevista.
El nuevo proyecto plantea ir más lejos. Una persona con una condición incurable que previsiblemente afectará su capacidad para decidir podría establecer anticipadamente las circunstancias en las que desea recibir la asistencia médica para morir después de haber perdido esa capacidad.
No bastaría con firmar un documento
El proyecto establece salvaguardas y no plantea una autorización general para cualquier ciudadano que quiera dejar instrucciones para el futuro. El marco federal fija requisitos mínimos y condiciona la aplicación a la existencia de legislación provincial o territorial que regule cómo deben administrarse estas solicitudes.
Ese punto será central en el debate. La asistencia médica para morir combina la competencia federal sobre derecho penal con la responsabilidad de provincias y territorios sobre la prestación de servicios de salud. Por ello, incluso si C-41 supera el Parlamento, la aplicación práctica no sería necesariamente idéntica en todo el país.
La enfermedad mental queda fuera
El proyecto incluye otra decisión de gran alcance: impedir que entre en vigor la ampliación prevista de la asistencia médica para morir para personas cuya única condición médica subyacente sea una enfermedad mental.
La exclusión estaba prevista hasta marzo de 2027. El Gobierno propone ahora mantenerla, después de que un comité parlamentario recomendara en junio de 2026 excluir indefinidamente esos casos ante las dificultades para establecer criterios seguros y determinar cuándo una enfermedad mental puede considerarse irremediable.
Autonomía frente a protección
Las solicitudes anticipadas llevan años dividiendo el debate canadiense. Sus defensores sostienen que una persona diagnosticada con una enfermedad que destruirá progresivamente su capacidad cognitiva debería poder decidir su futuro mientras todavía comprende plenamente las consecuencias. Sus críticos advierten que ejecutar una decisión tomada años antes plantea preguntas difíciles cuando la persona ya no puede confirmar, modificar o retirar verbalmente su voluntad.
El propio Gobierno reconoce que se trata de un asunto complejo. Una consulta nacional realizada entre 2024 y 2025 recogió perspectivas de pacientes, profesionales sanitarios, gobiernos, pueblos indígenas, organizaciones y ciudadanos antes de que Ottawa avanzara con la nueva legislación.
Ahora comienza la batalla parlamentaria
C-41 deberá recorrer la Cámara de los Comunes y el Senado antes de convertirse en ley. Durante ese proceso podrán proponerse modificaciones a sus salvaguardas, criterios y mecanismos de supervisión.
Lo que está en discusión va mucho más allá de un procedimiento médico. Canadá deberá decidir hasta dónde puede proyectarse hacia el futuro una decisión sobre la propia muerte y qué protecciones deben existir cuando, llegado ese momento, la persona ya no tenga capacidad para expresar nuevamente su consentimiento. El proyecto abre esa discusión en el Parlamento y promete convertirla en uno de los debates bioéticos más importantes del país.
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