A solo dos días de las elecciones legislativas de Estados Unidos, California ha elevado el tono de su enfrentamiento con la administración de Donald Trump. El gobernador Gavin Newsom advirtió a los jueces federales que teme un intento de incautar papeletas y materiales electorales antes de que el estado pueda completar el conteo y certificar oficialmente los resultados.
La advertencia llega en medio de una batalla judicial entre California y el Departamento de Justicia por una investigación federal sobre presuntos votantes no ciudadanos. El conflicto amenaza con convertir la jornada electoral del 3 de noviembre en algo más que una disputa por el control del Congreso: también podría convertirse en una prueba sobre los límites del poder federal frente a los estados.
NEWSOM PIDE A LOS JUECES QUE ESTÉN PREPARADOS
Newsom envió una carta a jueces federales de California en la que expresó su preocupación por la posibilidad de que agentes federales soliciten órdenes judiciales para apoderarse de papeletas u otros documentos electorales mientras todavía se cuentan los votos.
El gobernador sostuvo que una intervención de ese tipo podría interrumpir el proceso legal de escrutinio y certificación. California utiliza ampliamente el voto por correo, por lo que el conteo definitivo puede extenderse más allá de la noche electoral sin que ello constituya una irregularidad.
La disputa se intensificó después de que un tribunal federal de apelaciones rechazara el viernes una solicitud de la administración Trump relacionada con registros electorales de California. El caso podría terminar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
LA BATALLA POR LOS VOTANTES NO CIUDADANOS
El Departamento de Justicia sostiene que más de 20.000 personas que no serían ciudadanos aparecen registradas para votar en California. Las autoridades estatales cuestionan la fiabilidad de esa lista y señalan que el gobierno federal no ha demostrado cuántas de esas personas, si alguna, emitieron realmente un voto ilegal.
California argumenta además que utilizar datos migratorios incompletos para eliminar electores podría terminar privando del derecho al voto a ciudadanos legítimamente registrados.
La tensión no se limita a una discusión administrativa. Otro juez federal ordenó recientemente al Departamento de Justicia dejar de amenazar con procesar a funcionarios electorales estatales y locales que se nieguen a cumplir determinadas exigencias federales sobre los padrones y las papeletas.
UNA ELECCIÓN BAJO MÁXIMA PRESIÓN
Las elecciones de medio término decidirán el control de la Cámara de Representantes y del Senado durante los últimos dos años del mandato de Trump. Los republicanos llegan a la votación con mayorías estrechas, por lo que unas pocas contiendas pueden alterar el equilibrio político de Washington.
Ese escenario explica por qué cualquier controversia relacionada con el conteo de votos adquiere inmediatamente dimensión nacional. Una disputa sobre papeletas en California podría trasladarse rápidamente de los centros electorales a los tribunales federales y, eventualmente, a Washington.
EL 3 DE NOVIEMBRE PUEDE TERMINAR EN LOS TRIBUNALES
Por ahora no existe evidencia pública de que el gobierno federal haya decidido incautar papeletas. La advertencia de Newsom describe un escenario que el gobernador considera posible, no un operativo ya anunciado. Esa diferencia es esencial.
Lo que sí existe es una confrontación jurídica abierta, órdenes judiciales recientes contra determinadas actuaciones del Departamento de Justicia y una investigación federal que continúa activa a pocas horas de que millones de estadounidenses voten.
Estados Unidos llegará así al 3 de noviembre con una elección extraordinariamente polarizada y con abogados, jueces y autoridades electorales observando no solamente quién gana cada distrito, sino también quién controla las papeletas y hasta dónde puede llegar Washington durante el conteo.
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