Sheikh Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh que huyó a India en 2024 tras una revuelta estudiantil, ha solicitado un nuevo pasaporte y una tarjeta nacional de identidad. La gestión, comunicada por sus abogados a la embajada bangladesí en Nueva Delhi, constituye una señal de que la antigua dirigente prepara su regreso a un país donde enfrenta una condena a muerte dictada en ausencia.
La información, difundida por Reuters el 9 de noviembre de 2026, añade un capítulo delicado a la crisis política abierta por su caída. Hasina, que gobernó durante aproximadamente dos décadas, afirma que pretende comparecer ante la justicia, mientras sus partidarios y adversarios discrepan profundamente sobre su legado y sobre las condiciones de un eventual proceso judicial.
UN PASAPORTE CON CONSECUENCIAS POLÍTICAS
La petición de documentos puede parecer un trámite administrativo, pero en este caso tiene implicaciones mayores. Los abogados de Hasina solicitaron a la representación diplomática que procesara con rapidez los documentos, invocando su nacionalidad y obligaciones internacionales relacionadas con los derechos humanos. Sus documentos anteriores habían sido revocados, según la información publicada.
El objetivo declarado es facilitar un retorno que, de concretarse, colocaría a las autoridades ante una decisión de enorme trascendencia: cómo garantizar la seguridad de una exmandataria condenada y, al mismo tiempo, preservar la credibilidad de los procedimientos judiciales.
Hasina ha indicado que planea entregarse ante un tribunal. Personas de su entorno sitúan el regreso en diciembre, aunque la fecha precisa dependería de formalidades todavía pendientes. Una intención anunciada no equivale, por tanto, a un viaje confirmado ni a una garantía de que recibirá nuevos documentos.
EL PESO DE LA REPRESIÓN DE 2024
La antigua primera ministra abandonó Bangladesh durante las protestas de 2024, encabezadas inicialmente por estudiantes y transformadas después en un desafío general a su permanencia en el poder. La represión de aquellas movilizaciones dejó numerosas víctimas y abrió investigaciones sobre las responsabilidades de las autoridades.
Un tribunal de crímenes de guerra la condenó a muerte en ausencia en 2025 por su papel en la represión. Hasina niega los cargos. La existencia de una sentencia no elimina la necesidad de examinar las garantías procesales, las pruebas y las posibilidades efectivas de defensa, cuestiones especialmente sensibles cuando una acusada ha permanecido fuera del país.
Su partido, la Liga Awami, se encuentra prohibido. Esa circunstancia también complica el panorama: el eventual retorno de su figura más reconocida podría reactivar apoyos políticos, movilizaciones y nuevas tensiones en una sociedad que continúa intentando estabilizar sus instituciones.
INDIA ANTE UN DILEMA DIPLOMÁTICO
Desde su salida del poder, Hasina permanece en India, país con el que Bangladesh mantiene una relación estratégica marcada por la geografía, el comercio, la seguridad y los movimientos de población. La solicitud presentada en Nueva Delhi convierte un asunto interno bangladesí en una cuestión diplomática de primera magnitud.
Para las autoridades indias, cualquier desenlace requiere equilibrar las relaciones con Daca, las obligaciones legales y la situación de una antigua aliada. No hay, sin embargo, base para afirmar que India haya decidido facilitar su traslado o que Bangladesh haya aceptado ya emitir los documentos pedidos.
El regreso también podría influir en la relación bilateral. Una entrega ordenada, acompañada de garantías jurídicas verificables, podría reducir determinados roces; una crisis de seguridad o nuevas disputas sobre el proceso judicial producirían el efecto contrario. Ambos escenarios siguen siendo posibilidades, no hechos consumados.
UN PAÍS QUE TODAVÍA BUSCA ESTABILIDAD
Bangladesh enfrenta el desafío de responder a las demandas de justicia surgidas de las protestas sin convertir la transición en una sucesión interminable de represalias políticas. La prohibición de una organización con una larga trayectoria electoral y la condena de su principal dirigente hacen que ese equilibrio resulte especialmente difícil.
Los simpatizantes de Hasina siguen considerando que su gestión tuvo logros importantes; sus críticos recuerdan la concentración de poder y la violencia empleada contra los manifestantes. Una cobertura responsable debe distinguir esas valoraciones de los hechos comprobados y evitar presentar como inevitable un desenlace que todavía depende de decisiones judiciales y diplomáticas.
La novedad de este 9 de noviembre no es que Hasina haya regresado, sino que ha iniciado formalmente gestiones documentales que podrían permitirle hacerlo. Entre la solicitud de un pasaporte y su comparecencia ante un tribunal quedan obstáculos jurídicos, políticos y de seguridad que todavía no están resueltos.
