Estados Unidos quiere sentar a Raúl Castro ante un tribunal. El exgobernante y dictador cubano, una de las figuras centrales del aparato represivo construido por la revolución, enfrenta en territorio estadounidense cargos por conspiración para matar ciudadanos de Estados Unidos, cuatro cargos de asesinato y dos cargos por destrucción de aeronaves.
La acusación federal se refiere al derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate. Las aeronaves, desarmadas, fueron alcanzadas por misiles disparados por cazas de la Fuerza Aérea cubana. Murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Según la acusación del Departamento de Justicia, los aviones fueron destruidos cuando se encontraban sobre aguas internacionales.
Una orden de arresto contra uno de los hombres más poderosos de la revolución
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública en mayo de 2026 una acusación sustitutiva contra Raúl Modesto Castro Ruz y otros cinco acusados por su presunta participación en aquella operación. Las autoridades estadounidenses confirmaron además la existencia de una orden para su arresto.
El fiscal general interino Todd Blanche fue directo: Washington espera que Castro comparezca algún día ante la justicia estadounidense, ya sea voluntariamente o por otra vía. El mensaje es especialmente significativo porque durante décadas Raúl Castro estuvo protegido por el poder político y militar de un régimen que convirtió la impunidad en parte de su estructura de gobierno.
Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cuando ocurrió el ataque de 1996. La acusación sostiene que los cazas responsables operaban bajo una cadena de mando supervisada por él y que la inteligencia cubana había infiltrado previamente a Hermanos al Rescate para obtener información sobre sus vuelos.
El régimen que gobernó con cárceles, miedo y represión
La causa estadounidense se concentra en un episodio concreto, pero la trayectoria política de Raúl Castro está ligada a más de seis décadas de poder autoritario en Cuba. Fue una pieza esencial del sistema encabezado por su hermano Fidel Castro, dirigió durante décadas las Fuerzas Armadas y posteriormente ocupó la presidencia del país y la jefatura del Partido Comunista.
Durante esos años, organizaciones de derechos humanos, gobiernos democráticos y organismos internacionales documentaron detenciones arbitrarias, persecución política, censura, encarcelamiento de disidentes y ausencia de elecciones libres. El Departamento de Estado estadounidense ya había señalado públicamente a Raúl Castro por su implicación en graves violaciones de derechos humanos y le había prohibido la entrada a Estados Unidos.
Que hoy exista una orden de arresto contra él rompe, al menos en el terreno judicial estadounidense, con décadas en las que los máximos dirigentes de la dictadura cubana parecían estar fuera del alcance de cualquier tribunal extranjero.
Treinta años después, el caso sigue abierto
Las familias de las víctimas de Hermanos al Rescate esperaron tres décadas por un paso de esta magnitud. La nueva acusación no equivale a una condena: bajo la ley estadounidense, Raúl Castro y los demás acusados conservan la presunción de inocencia hasta que exista un veredicto judicial. Pero el hecho político y jurídico es inequívoco: Estados Unidos lo acusa formalmente de delitos que pueden acarrear cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Para un régimen que durante décadas presentó a sus dirigentes como intocables, la orden de arresto tiene un peso que va más allá del expediente penal. Raúl Castro, símbolo de la continuidad del castrismo y de su aparato militar, ya no aparece únicamente como antiguo jefe de Estado. Ante la justicia federal estadounidense es ahora un acusado buscado por un caso de asesinato.
La historia no terminó cuando dejó la presidencia. El sigue gobernado la isla. Para las cuatro familias que perdieron a sus seres queridos en 1996, y para quienes padecieron la maquinaria represiva del régimen cubano, la pregunta es otra: cuánto tiempo más podrá evitar Raúl Castro responder ante un tribunal.
