The Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a aprobar este miércoles 28 de octubre la resolución anual que exige el fin del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. El resultado fue de 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. A primera vista, el régimen cubano puede presentar el resultado como otra victoria diplomática, pero la comparación con el año anterior muestra un escenario bastante menos favorable para La Habana.
En 2025, la misma resolución había obtenido 165 votos favorables, siete en contra y 12 abstenciones. Eso significa que en apenas un año el régimen cubano perdió 35 votos de apoyo, mientras que el número de países que rechazaron directamente la resolución aumentó de siete a 17 y las abstenciones pasaron de 12 a 25. La resolución volvió a ser aprobada, pero el respaldo internacional que durante décadas parecía prácticamente automático muestra ahora señales evidentes de erosión.
Una victoria mucho menos cómoda
Desde 1992, La Habana presenta cada año ante la Asamblea General una resolución contra el embargo estadounidense. Durante décadas consiguió mayorías extraordinariamente amplias y utilizó esos resultados como una de sus principales herramientas propagandísticas en el exterior, presentando a Washington como prácticamente aislado frente al resto del mundo.
La votación de 2026 introduce una diferencia importante. Estados Unidos e Israel volvieron a votar contra la resolución, pero esta vez estuvieron acompañados por Argentina, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Hungría, Lituania, Marruecos, Macedonia del Norte, Paraguay, Eslovenia, Trinidad y Tobago, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos.
Lo significativo no es únicamente el número total de votos contrarios, sino la incorporación de países que anteriormente respaldaban la resolución o evitaban enfrentarse directamente a La Habana. Colombia, por ejemplo, había votado a favor en 2025 y ahora pasó directamente al rechazo. Costa Rica y Ecuador, que anteriormente habían mantenido posiciones más cautelosas, también se incorporaron al grupo contrario. Trinidad y Tobago hizo lo mismo desde el Caribe.
Latinoamérica comienza a moverse
El cambio dentro de América Latina merece especial atención porque durante años la resolución cubana consiguió un respaldo casi automático en buena parte de la región. Argentina y Paraguay ya habían adoptado posiciones críticas, pero ahora Colombia, Costa Rica y Ecuador se sumaron a los votos en contra, mientras otros países latinoamericanos y caribeños prefirieron abstenerse.
Chile, República Dominicana, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica y Perú estuvieron entre los países que no dieron su voto favorable a la resolución. Eso no significa necesariamente que todos respalden la política estadounidense hacia Cuba ni que aprueben cada una de las sanciones existentes, pero sí demuestra que la narrativa diplomática del régimen ya no consigue el mismo apoyo sin cuestionamientos.
Durante el debate, algunos gobiernos introdujeron además un elemento que La Habana intenta sistemáticamente mantener fuera de la discusión: las causas internas de la crisis cubana. Las dificultades económicas de la isla no pueden atribuirse exclusivamente a factores externos cuando también existen restricciones severas a la actividad privada, ausencia de libertades políticas, represión, deterioro institucional y décadas de decisiones económicas fallidas.
Europa tampoco votó como antes
La pérdida de respaldo también alcanzó a varios países europeos. Alemania e Italia, que durante años respaldaron la resolución contra el embargo, optaron esta vez por abstenerse. Otros países europeos siguieron posiciones similares, mientras Eslovenia decidió votar directamente en contra.
El cambio resulta políticamente relevante porque buena parte de Europa continúa siendo crítica del embargo estadounidense y mantiene relaciones diplomáticas normales con La Habana. Sin embargo, cada vez resulta más difícil separar el debate económico sobre las sanciones del carácter autoritario del régimen cubano, especialmente después de años de represión política, encarcelamiento de opositores, restricciones a la libertad de expresión y una emigración masiva que ha vaciado al país de cientos de miles de ciudadanos.
Las protestas del 11 de julio de 2021, las condenas contra manifestantes, la persecución de periodistas independientes y activistas y la inexistencia de elecciones libres forman parte del contexto político que La Habana preferiría excluir de la discusión internacional, pero que cada vez pesa más en la posición de determinados gobiernos.
Bruno Rodríguez vuelve a culpar al exterior
El canciller del régimen, Bruno Rodríguez, volvió a presentar ante Naciones Unidas el embargo estadounidense como la causa fundamental de la crisis cubana. Rodríguez acusó a Washington de presionar diplomáticamente a otros gobiernos para reducir el apoyo a la resolución y calificó las sanciones como una forma de castigo colectivo contra la población.
Estados Unidos, por su parte, no ocultó su ofensiva diplomática. La administración de Donald Trump había pedido abiertamente a otros países que reconsideraran su respaldo automático a La Habana, y el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, celebró posteriormente el aumento de votos contrarios y abstenciones.
La presión estadounidense existe y forma parte del resultado. Pero reducir todo el deterioro económico cubano a las sanciones obliga a ignorar décadas de errores internos, improductividad, centralización económica, destrucción de la agricultura, salarios insuficientes, empresas estatales ineficientes, prohibiciones sobre la iniciativa privada y ausencia de derechos económicos básicos.
El embargo existe, pero el fracaso interno también
El embargo estadounidense es real y tiene consecuencias económicas concretas. Las restricciones financieras afectan determinadas operaciones internacionales, inversiones y transacciones comerciales, y numerosos gobiernos han criticado durante años sus efectos sobre la población cubana.
Reconocer eso no obliga a aceptar la versión oficial del régimen, según la cual prácticamente todos los problemas de Cuba son responsabilidad de Washington. Después de casi siete décadas de poder absoluto, la dictadura cubana también debe responder por sus propias decisiones económicas, políticas y administrativas.
La falta de electricidad, la escasez de alimentos, la crisis hospitalaria, el deterioro de los servicios públicos, la emigración masiva y la pobreza creciente no pueden explicarse únicamente por una política exterior estadounidense. Existe además un modelo económico fallido y un sistema político que impide a los ciudadanos cambiar libremente a quienes gobiernan.
Durante décadas, el régimen convirtió el embargo en una explicación universal. El problema es que cada vez más gobiernos parecen menos dispuestos a aceptar esa explicación sin matices.
Una resolución que no obliga a Estados Unidos
La resolución aprobada por la Asamblea General no es jurídicamente vinculante. Naciones Unidas puede expresar una posición política mayoritaria, pero no tiene capacidad para obligar a Estados Unidos a levantar el embargo.
Buena parte de las sanciones estadounidenses están respaldadas por legislación aprobada por el Congreso, por lo que su eliminación definitiva requiere decisiones legislativas dentro de Estados Unidos. La votación de la ONU tiene, por tanto, un valor fundamentalmente político y diplomático.
Precisamente por eso la caída del apoyo resulta significativa. Si durante décadas La Habana utilizó los enormes márgenes de victoria como demostración de su supuesto respaldo internacional, ahora también debe aceptar que una reducción de 35 votos favorables representa un cambio político importante.
De 165 votos a 130
La comparación entre 2025 y 2026 resulta difícil de ignorar. El apoyo cayó de 165 a 130 países, mientras los votos contrarios aumentaron de siete a 17 y las abstenciones pasaron de 12 a 25.
Ese movimiento no convierte automáticamente a todos los países que cambiaron de posición en aliados de Washington ni significa que apoyen plenamente el embargo. Lo que demuestra es que el consenso automático que durante años acompañó a la resolución cubana comienza a debilitarse.
Cada vez más gobiernos parecen dispuestos a separar dos cuestiones que La Habana intenta presentar como una sola. Una cosa es cuestionar el embargo estadounidense y otra muy distinta respaldar sin reservas el discurso político de una dictadura que evita asumir responsabilidad por sus propias decisiones.
La Habana todavía gana, pero ya no como antes
El dictador Miguel Díaz-Canel celebró nuevamente el resultado como una victoria diplomática. Desde el punto de vista numérico puede hacerlo, porque 130 países continúan respaldando la resolución contra el embargo.
Sin embargo, el dictador también sabe que 130 votos no son 165, que 17 votos en contra no son siete y que 25 abstenciones no son 12. Cuando países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, Alemania e Italia comienzan a modificar posiciones que durante años parecían casi automáticas, existe un cambio que La Habana no puede esconder detrás de sus consignas habituales.
Durante décadas, el régimen cubano convirtió esta votación anual en uno de sus grandes rituales propagandísticos internacionales. La resolución volvió a aprobarse en 2026, pero el respaldo disminuyó de forma notable.
La dictadura cubana ganó otra votación. Lo que ya no puede afirmar con la misma facilidad es que el mundo sigue votando como antes.
