Una investigación publicada el 9 de noviembre por el diario británico The Guardian revela que representantes de Palantir presionaron a un responsable del Ministerio de Salud del Reino Unido para ampliar el alcance de su tecnología dentro del sistema sanitario público. La propuesta incluía conectar información de consultas de medicina general con los datos hospitalarios, una frontera especialmente delicada por el carácter confidencial de las historias clínicas.
El reportaje se basa en mensajes de WhatsApp obtenidos mediante una solicitud de acceso a información pública. Esos intercambios muestran gestiones de Louis Mosley, responsable de Palantir en el Reino Unido, ante Zubir Ahmed, quien ocupó responsabilidades ministeriales en el área sanitaria. Los mensajes corresponden al período comprendido entre julio de 2025 y marzo de 2026.
QUÉ PRETENDÍA AMPLIAR LA EMPRESA
Palantir suministra tecnología para la plataforma federada de datos del servicio público de salud inglés, conocida por sus siglas FDP. Su finalidad declarada es ayudar a los centros sanitarios a utilizar información operativa para coordinar recursos, organizar tratamientos y mejorar determinados procesos asistenciales. El contrato, valorado en 330 millones de libras, constituye uno de los proyectos de integración de datos más relevantes del sector.
La controversia surge porque la extensión hacia los expedientes de los médicos de cabecera iría más allá de los límites que las autoridades habían comunicado anteriormente. En 2023 se aseguró que los datos de atención primaria quedarían fuera del alcance de la plataforma. Por eso, las conversaciones reveladas no son simplemente una discusión técnica sobre compatibilidad de sistemas: plantean si una promesa pública podría revisarse mediante negociaciones con un proveedor privado.
Según la información publicada, Palantir defendió que conectar los registros de atención primaria y hospitalaria permitiría anticipar necesidades de pacientes vulnerables y mejorar la coordinación. La compañía sostuvo también que podían mantenerse controles locales sobre la información. Son argumentos sobre posibles beneficios, no pruebas de que se haya autorizado ya el acceso generalizado a esos expedientes.
EL DILEMA DE LA PRIVACIDAD
Los registros de medicina familiar contienen datos que van mucho más allá de diagnósticos aislados. Pueden incluir antecedentes de salud mental, tratamientos, circunstancias familiares y observaciones clínicas recogidas durante años. Integrarlos en una infraestructura tecnológica más amplia exige definir con precisión quién puede consultarlos, para qué fines, durante cuánto tiempo y bajo qué mecanismos de auditoría.
The Asociación Médica Británica y organizaciones defensoras de la privacidad han expresado preocupación por el efecto que una ampliación de acceso podría tener sobre la confianza de los pacientes. El temor central es que la percepción de una circulación insuficientemente controlada de información sensible termine afectando la relación entre médicos y personas atendidas.
El asunto no demuestra por sí mismo que Palantir haya accedido indebidamente a historiales clínicos ni que el Ministerio haya aprobado la propuesta. Los mensajes documentan una labor de influencia empresarial y una discusión sobre el futuro del sistema. Confundir las gestiones para obtener acceso con una transferencia de datos ya consumada sería ir más allá de lo acreditado.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CONTROL PÚBLICO
La discusión se produce cuando numerosos sistemas sanitarios exploran herramientas de análisis avanzado e inteligencia artificial para administrar listas de espera, detectar cuellos de botella y mejorar la planificación. Sin embargo, la utilidad potencial de esos instrumentos no elimina la necesidad de reglas transparentes sobre consentimiento, acceso y supervisión independiente.
También aparece una cuestión de dependencia tecnológica. Cuando un proveedor concentra una parte importante de la infraestructura de información, las autoridades deben valorar los costos de cambiar de plataforma, la posibilidad de auditar los algoritmos y la capacidad de mantener control efectivo sobre los datos. La discusión no se limita al precio inicial del contrato.
Palantir ha defendido que compartir información de forma adecuada puede aportar beneficios a los pacientes y ha señalado que las decisiones sobre la implantación corresponden a las autoridades sanitarias. El Gobierno británico, por su parte, examina el futuro de sus capacidades tecnológicas y las condiciones de contratación. El contrato vigente se extiende hasta 2029, según el reportaje.
UNA DECISIÓN QUE TODAVÍA NO ESTÁ TOMADA
El caso expone la tensión entre dos objetivos legítimos: aprovechar mejor los datos para prestar asistencia sanitaria y preservar la confidencialidad que permite a los pacientes hablar libremente con sus médicos. La cuestión decisiva será si cualquier ampliación futura se somete a debate público, controles verificables y garantías comprensibles para quienes entregan sus datos al sistema de salud.
Por ahora, lo comprobado es la existencia de conversaciones para promover esa ampliación y la reacción crítica que han suscitado. No existe en la información consultada una confirmación de que los historiales de los médicos de cabecera hayan sido incorporados masivamente a la plataforma. Esa distinción es esencial para evaluar el alcance real de la revelación.
