Canadá se está acostumbrando a una escena que hace pocos años todavía producía alarma. Personas durmiendo bajo lonas, cuerpos inmóviles en las entradas de edificios, campamentos improvisados, consumo abierto de drogas y ciudadanos que pasan de largo como si aquello formara parte natural del paisaje urbano. No lo es. Es la consecuencia visible de una crisis que mezcla vivienda inaccesible, adicciones, enfermedades mentales, ruptura social y una respuesta institucional que, pese a los millones invertidos, sigue sin detener el crecimiento del problema.
Las cifras oficiales muestran que la situación empeora. En el recuento nacional de 2025, Canadá registró más de 65.000 personas en situación de homelessness en una sola noche en 75 comunidades. La cifra representa un aumento aproximado de 59% respecto a los recuentos realizados entre 2020 y 2022. También aumentó el número de personas que ya ni siquiera utilizan refugios y terminan durmiendo directamente en espacios públicos, campamentos, estaciones o estructuras improvisadas.
En 2025 unas 17.620 personas fueron localizadas en lugares no destinados a vivienda. El porcentaje de quienes viven fuera de refugios pasó de 23% a 27% en pocos años. La crisis ya no se limita a los albergues. Se ha trasladado a las calles y, especialmente, a los centros urbanos donde la homelessness se vuelve cada vez más visible.
Montreal y la normalización del deterioro
Montreal es uno de los ejemplos más claros. El recuento de Quebec realizado en 2025 identificó más de 12.000 personas en situación visible de homelessness en toda la provincia. Solo Montreal concentró 5.036. En 2022 eran aproximadamente 4.690.
El incremento coincide con el encarecimiento acelerado de la vivienda. Los alquileres en Montreal han subido de manera sustancial desde 2020 y cada vez más personas con ingresos bajos quedan expuestas a una caída rápida cuando pierden un empleo, enfrentan una enfermedad o atraviesan una crisis familiar.
Pero el problema no termina en el precio de los apartamentos.
En muchas zonas del centro de Montreal se ha vuelto habitual encontrar personas completamente alteradas por sustancias, desplomadas sobre una acera, consumiendo drogas en espacios públicos o viviendo durante semanas en las mismas esquinas. La imagen es dura porque muestra dos fracasos al mismo tiempo: el fracaso de proteger a esas personas y el fracaso de preservar el espacio público para el resto de la sociedad.
Permitir que alguien se inyecte, se intoxique o pierda el conocimiento en plena calle no debería interpretarse como una forma de tolerancia social. Tampoco lo es abandonar a una persona con una enfermedad mental severa en una esquina y llamarlo respeto por su libertad.
La reducción de daños puede salvar vidas. El problema surge cuando la reducción de daños se convierte en la única política visible y no existe una salida real hacia tratamiento, vivienda estable, seguimiento médico y atención psiquiátrica.
El sistema administra la crisis, pero no consigue frenarla
Canadá mantiene miles de camas de emergencia y ha aumentado el gasto público relacionado con homelessness. En 2025 existían más de 23.000 camas distribuidas en más de 600 refugios de emergencia.
Sin embargo, la homelessness crónica dentro del sistema de albergues también aumentó. Más de 39.000 personas fueron clasificadas como crónicamente sin hogar en 2025.
Eso significa que cada vez más personas entran en el sistema, permanecen allí durante largos períodos y no consiguen salir hacia una vivienda estable.
El problema no es únicamente cuánto dinero se gasta. La pregunta es qué resultados produce ese gasto.
Quebec lanzó en 2021 un plan interministerial para enfrentar la homelessness. Con inversiones posteriores, el monto global del plan para el período 2021-2026 se acercó a 440 millones de dólares. En 2026 se anunciaron nuevas partidas, incluidas inversiones específicas para Montreal.
A pesar de ello, las cifras siguen aumentando.
Más personas en la calle. Más campamentos. Más presión sobre refugios. Más consumo problemático en espacios públicos.
Ese contraste obliga a cuestionar la eficacia de la respuesta.
Un caso policial que retrata el nivel de deshumanización
La situación adquirió una dimensión todavía más grave en Montreal cuando el Service de police de la Ville de Montréal confirmó el 16 de octubre la suspensión de dos agentes de la comisaría 21, situada en el centro de la ciudad.
Los dos policías fueron apartados mientras la División de Normas Profesionales investiga acusaciones de conducta indebida.
Uno de los agentes habría grabado repetidamente cómo orinaba sobre personas sin hogar mientras se encontraba de servicio, según reportes periodísticos basados en fuentes policiales. El SPVM confirmó las suspensiones y la investigación interna, aunque no ha confirmado públicamente todos los detalles de las acusaciones y no existen todavía cargos formales.
El caso resulta especialmente grave porque expone hasta qué punto una persona que vive en la calle puede dejar de ser vista como ciudadano y comenzar a ser tratada como parte del mobiliario urbano.
Una persona puede estar drogada, sucia, sufrir una enfermedad mental o haber cometido errores graves. Nada de eso elimina su dignidad.
La policía existe para aplicar la ley, incluso cuando la persona que tiene delante atraviesa la peor etapa de su vida.
Drogas a plena vista
Existe además una realidad que muchos ciudadanos observan todos los días y que las estadísticas no siempre transmiten con claridad.
El consumo abierto de drogas se ha convertido en una imagen habitual en determinadas zonas de Montreal, Vancouver, Toronto y otras ciudades canadienses.
Personas dobladas sobre sí mismas, cuerpos inmóviles durante largos minutos, jeringas, pipas y comportamientos erráticos se han integrado de una manera inquietante al paisaje urbano.
No se trata de criminalizar la pobreza ni de presentar al consumidor como enemigo.
Pero tampoco puede exigirse a la sociedad que acepte que cualquier conducta debe tolerarse simplemente porque ocurre dentro de una crisis social.
Una política verdaderamente humana tendría que combinar tratamiento, salud mental, vivienda de apoyo, intervención temprana y también reglas claras sobre el uso de los espacios públicos.
La compasión sin estructura termina convirtiéndose en abandono.
La vivienda es parte central del problema
Una parte fundamental de la crisis está relacionada con el acceso a la vivienda.
Cuando los alquileres crecen mucho más rápido que los ingresos de quienes viven en los márgenes económicos, cualquier imprevisto puede convertirse en el comienzo de una caída difícil de detener.
Un desalojo, una ruptura familiar, una hospitalización, la pérdida de un empleo o una recaída en una adicción pueden empujar a una persona hacia un refugio y después hacia la calle.
Los datos de Quebec ya mostraban que los desalojos, el consumo problemático de sustancias y los ingresos insuficientes se encontraban entre las principales causas declaradas por personas sin hogar. Por eso resulta simplista afirmar que todos están en la calle únicamente por las drogas. Pero resulta igualmente simplista fingir que las drogas no son una parte central de la crisis. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Canadá no puede acostumbrarse
El mayor peligro es la normalización. Cuando ver a una persona inconsciente en una esquina deja de provocar alarma, algo se ha roto. Cuando un campamento puede permanecer durante meses mientras los distintos niveles de gobierno discuten competencias, algo se ha roto. Cuando los ciudadanos comienzan a considerar inevitable encontrar consumo de drogas frente a comercios, estaciones y viviendas, algo se ha roto. Y cuando aparece una acusación de que un policía utilizó a una persona sin hogar como objeto de humillación, el problema ya no es únicamente económico. Es también moral.
Canadá es uno de los países más ricos del mundo. No debería aceptar como paisaje permanente que decenas de miles de personas vivan entre refugios, campamentos y esquinas. La solución no pasa por expulsarlos de una calle para moverlos a otra. Tampoco por permitir que se destruyan frente a todos bajo la apariencia de tolerancia. Hace falta vivienda, tratamiento, salud mental, seguimiento, prevención y autoridad. La homelessness no puede convertirse en una nueva modalidad urbana. Y la calle no puede convertirse en el destino final de quienes el sistema dejó caer.
