GINEBRA — Las excarcelaciones registradas en Venezuela durante 2026 no han desmantelado el sistema que permitió años de persecución política. Esa es la advertencia central de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, cuyas nuevas conclusiones fueron difundidas este 16 de septiembre.
Los expertos reconocen una disminución de las detenciones prolongadas y de las desapariciones forzadas, además de la liberación de cientos de personas encarceladas por motivos políticos. También identifican un espacio algo mayor para las protestas, las reuniones públicas y la participación de organizaciones civiles.
Sin embargo, las leyes empleadas para perseguir la disidencia continúan vigentes y los organismos de inteligencia y seguridad conservan sus estructuras. Al menos 19 funcionarios previamente señalados por la misión por su participación en graves violaciones de derechos humanos permanecen en puestos relevantes.
La investigación también advierte sobre arrestos breves utilizados para intimidar a opositores, periodistas y activistas. La reducción de los encarcelamientos largos convive, por tanto, con otras formas de presión sobre quienes cuestionan al poder. ANSA.
TORTURAS DESPUÉS DE LAS EXCARCELACIONES
Uno de los hallazgos más graves se refiere a la situación dentro de los centros de detención. La misión recibió información sobre 64 nuevos casos de tortura desde el 3 de enero, fecha de la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro.
Entre los lugares investigados figuran la prisión de máxima seguridad El Rodeo I y la instalación militar Fuerte Guaicaipuro. Los expertos describen confinamiento subterráneo, privación de alimentos, exposición al frío y otros tratos degradantes.
El informe también alerta sobre personas que permanecen recluidas en condiciones perjudiciales para su salud. En algunos casos, los malos tratos y la falta de atención médica estuvieron relacionados con muertes bajo custodia.
Sofía Macher, presidenta de la misión, sostiene que los avances observados necesitan reformas que impidan repetir los abusos. La independencia judicial y la investigación de los responsables ocupan un lugar central entre las exigencias de los expertos. Sin esas garantías, advierten, la apertura puede revertirse.
El señalamiento va más allá del número de personas liberadas: cuestiona la continuidad de las instituciones y prácticas que hicieron posible la represión. EFE.
LOS COLECTIVOS, BAJO EXAMEN
Una investigación complementaria analiza a los grupos civiles armados conocidos como colectivos. La misión los sitúa dentro de los mecanismos de represión y control social, y describe vínculos con autoridades y fuerzas de seguridad.
Según el comunicado de los investigadores, esos vínculos incluyen respaldo político, financiación, apoyo logístico y coordinación operativa. Los expertos también señalan su intervención en tareas de vigilancia, identificación de opositores y represión de manifestaciones.
La misión pide a la comunidad internacional que impulse cambios efectivos en derechos humanos. Su llamamiento incluye a Estados Unidos y a otros actores con influencia sobre Venezuela, a quienes reclama evitar políticas que contribuyan a nuevos abusos.
Los informes serán presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 18 de septiembre. Su conclusión plantea una exigencia concreta a las autoridades venezolanas: convertir las mejoras parciales en garantías duraderas, con rendición de cuentas y protección para las víctimas. Comunicado de la ONU reproducido por Mirage News.
