En los archivos del Proyecto Manhattan, dieciocho pacientes aparecen asociados a una investigación que nada tenía que ver con el tratamiento de sus enfermedades. Entre 1945 y 1947 recibieron plutonio. Los científicos necesitaban averiguar cuánto tiempo permanecía aquel elemento radiactivo en el cuerpo y cómo se eliminaba. Los enfermos, en cambio, tenían derecho a saber qué les estaban administrando.
CUATRO HOSPITALES, DIECIOCHO PACIENTES
La investigación se repartió entre Oak Ridge, donde participó un paciente; el Strong Memorial Hospital de Rochester, con once; el hospital Billings de Chicago y la Universidad de California en San Francisco, con tres cada uno. Las muestras llegaban a Los Alamos, donde se estudiaba la relación entre la eliminación del plutonio y su acumulación en el organismo. La finalidad era proteger a quienes trabajaban con materiales nucleares, no curar a los pacientes.
Aquella diferencia explica buena parte del escándalo. El médico que atiende a un enfermo tiene obligaciones hacia él; el investigador, por su parte, busca respuestas que pueden beneficiar a otras personas. Cuando ambas funciones coinciden, el consentimiento informado adquiere una importancia decisiva. Los documentos recuperados décadas después muestran hasta qué punto esa frontera se desdibujó.
LOS NOMBRES QUE RECUPERÓ EL PERIODISMO
Detrás de las claves de identificación estaban Ebb Cade, Albert Stevens y Elmer Allen, entre otros. La periodista Eileen Welsome reconstruyó sus historias para el Albuquerque Tribune, devolviendo una dimensión humana a expedientes que durante años habían interesado principalmente a científicos y funcionarios.
Allen figuraba como CAL-3. En su expediente consta una anotación sobre la explicación del carácter experimental del procedimiento y su aceptación. Pero la comisión presidencial señaló que no se esperaba ningún beneficio terapéutico de la inyección. ¿Qué información recibió realmente? La anotación no permite responder por completo a esa pregunta.
VEINTISÉIS AÑOS DESPUÉS
En 1973, Allen regresó a Rochester para nuevos exámenes, al igual que Eda Charlton y John Mousso. A los investigadores les interesaba conocer la eliminación del plutonio después de tantos años. Según el informe federal, tampoco en esa ocasión se les explicó que el seguimiento obedecía a una investigación distinta de su tratamiento original.
Un radiólogo observó en Allen alteraciones óseas compatibles con posibles daños por radiación. No es posible atribuir todas sus dolencias posteriores a la inyección a partir de esa observación. Lo que sí quedó documentado fue la insuficiencia de la información proporcionada a los participantes.
WASHINGTON ABRE LOS ARCHIVOS
El 15 de enero de 1994, Bill Clinton constituyó un comité de catorce miembros para examinar las investigaciones de radiación humana financiadas por el gobierno entre 1944 y 1974. Su informe final, presentado en 1995, identificó cerca de cuatro mil estudios. Muchos expedientes estaban incompletos. No todos los experimentos fueron secretos ni todos ocasionaron daños; la comisión dedicó un capítulo específico a las inyecciones de plutonio, uranio y polonio.
Al reconstruir aquellas historias, los investigadores federales tropezaron con una dificultad que ningún avance científico podía resolver: los documentos no siempre permitían establecer qué sabía cada paciente. Medio siglo después de las inyecciones, esa pregunta seguía abierta.







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