Canadá quiere reducir el tiempo que ciudadanos y empresas dedican a cumplir trámites administrativos. El Gobierno federal presentó este 17 de noviembre en Ottawa un balance de su estrategia para simplificar la regulación, una iniciativa que busca mejorar la competitividad sin renunciar a las garantías de seguridad y protección ambiental.
EL COSTO INVISIBLE DE LOS TRÁMITES
Una autorización que tarda meses, un formulario que solicita información ya entregada o dos organismos que exigen documentos similares pueden convertirse en obstáculos importantes para una empresa. El problema no siempre reside en la existencia de una norma, sino en la manera en que se aplica. Para un pequeño empresario, cada hora dedicada a resolver una exigencia administrativa es una hora que no puede invertir en atender clientes, formar trabajadores o desarrollar nuevos productos.
La simplificación administrativa pretende abordar esa diferencia entre el objetivo legítimo de una regulación y los costos que genera su cumplimiento. No equivale necesariamente a eliminar controles. Una inspección sanitaria, por ejemplo, puede ser indispensable aunque el procedimiento para solicitarla resulte innecesariamente complicado.
UNA REFORMA TODAVÍA EN MARCHA
El informe presentado por la Secretaría del Consejo del Tesoro señala que se han completado más de 160 de las cerca de 500 iniciativas identificadas en el proceso de revisión. Las restantes se encuentran en diferentes etapas de ejecución. El balance permite distinguir los cambios ya realizados de aquellos que todavía requieren decisiones administrativas o legislativas.
El presidente del Consejo del Tesoro, Shafqat Ali, participa además en una reunión con representantes provinciales y territoriales para examinar oportunidades de cooperación. La coordinación resulta especialmente relevante en un país donde distintas administraciones tienen competencias propias y donde una empresa puede necesitar autorizaciones de varios niveles de gobierno.

MENOS OBSTÁCULOS, NO MENOS GARANTÍAS
Entre las medidas anunciadas anteriormente figura el proyecto de ley S-7, presentado el 7 de octubre, que plantea modificaciones a 31 textos legislativos. También se ha establecido una directiva federal para incorporar la competitividad y la reducción de cargas administrativas al diseño de las regulaciones.
El desafío consiste en evitar que la búsqueda de rapidez se traduzca en una pérdida de garantías. Una autorización ambiental más eficiente no debería significar una evaluación menos rigurosa. Del mismo modo, digitalizar un trámite no resuelve por sí solo las dificultades de quienes carecen de acceso a internet o necesitan asistencia presencial.
La calidad de una reforma de esta naturaleza depende tanto de los resultados como de los mecanismos empleados. Eliminar solicitudes redundantes, mejorar la comunicación entre organismos y ofrecer instrucciones comprensibles son ejemplos de cambios que pueden facilitar el cumplimiento de las obligaciones sin debilitar su finalidad.
LA PRUEBA ESTÁ EN LOS RESULTADOS
Para los ciudadanos, el éxito no se medirá únicamente por el número de iniciativas completadas. Importará cuánto tarda realmente una solicitud, cuántas veces deben entregar la misma información y qué posibilidades tienen de resolver un problema cuando el procedimiento no funciona como estaba previsto.
Para las empresas, será igualmente importante disponer de reglas previsibles. La incertidumbre sobre los plazos de una autorización puede dificultar la planificación de inversiones incluso cuando el costo directo del trámite es reducido. Una administración más transparente puede ayudar a disminuir esa incertidumbre.
El anuncio federal abre así una etapa en la que será necesario comprobar si las reformas se traducen en mejoras concretas. El informe constituye un balance de avances, no una demostración de que todos los obstáculos hayan desaparecido. La simplificación administrativa será útil si consigue que cumplir la ley resulte más sencillo sin que las instituciones pierdan su capacidad de proteger el interés público.







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